La implementación de la Ley 28975, de Derecho a la Consulta Previa a los
pueblos indígenas u originarios, es un reto para el Perú y constituye un
acto de justicia que permitirá tener un país con mayor inclusión social
y, en consecuencia, con menos conflictos sociales.
Precisamente, con la finalidad de recoger opiniones de los
representantes de las comunidades nativas e indígenas con miras a
elaborar el reglamento de la citada norma, al cumplir los 90 días de su
entrada en vigencia, se realizó el miércoles 12 el foro 'Retos para la
implementación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa', organizado
por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente
y Ecología, que preside el congresista Antonio Medina Ortiz (GPF) y
quien tuvo a su cargo las palabras de inauguración.
El evento, que se desarrolló en el auditorio del Museo del Congreso y de
La Inquisición, contó con la participación de los congresistas Claudia
Coari Mamani y Eduardo Nayap Kinin (NGP), quienes tuvieron a su cargo
los comentarios de la exposición de Esther Sánchez Botero, presidenta de
la Fundación para la Participación Comunitaria (PARCOMÚN) y perita de la
Corte Constitucional de Colombia en materia de multiculturalidad y
derechos indígenas, quien expuso sobre el tema 'Consulta y participación
en la experiencia comparada'.
En la cita participaron también Sinesio López Jiménez, catedrático de la
Pontificia Universidad Católica del Perú; Manuel García Solaz,
coordinador regional Pro 169 de la OIT; un representante de la
Defensoría del Pueblo y Raquel Yrigoyen Fajardo, jefa de Instituto
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
(INDEPA).
Raquel Espinoza destacó la importancia del encuentro conducente a
elaborar el proyecto del reglamento de la Ley 28975, porque permitirá
recoger las opiniones de los pueblos involucrados, que a partir de ahora
pueden hacer sentir su voz después de ser ignorados y marginados durante
mucho tiempo.
La expositora destacó la importancia de la Decisión 169 de la OIT, que
por primera vez reconoció a nivel mundial el derecho de los pueblos
indígenas y originarios a sus propias aspiraciones, a controlar sus
instituciones y tener su propia religión y su régimen de vida particular.
La decisión constituyó, dijo, el reconocimiento a la existencia de los
pueblos que estaban desde antes de la creación de los Estados, los que
fueron traídos en condición de esclavos; y estableció la obligación de
aquellos de respetarlos y reconocer su derecho a autogobernarse,
administrar su justicia ancestral y a organizarse económicamente.
Esa decisión, añadió, obligó a los Estados a modificar sus respectivas
constituciones políticas para declararse países multiculturales o
multinacionales. Se inició, así, el camino para unir a las distintas
culturas y naciones dentro de un mismo Estado e implantar el pluralismo
jurídico.
Los representantes de los pueblos originarios que participaron en el
foro coincidieron en señalar que la Ley de Consulta Previa sienta las
bases para dejar por sentado que ellos no quieren que otros hagan ni les
digan que hagan lo que ellos quieren hacer.
En el evento se dio a conocer que el INDEPA tendrá listo a fines de
octubre el primer borrador del proyecto de reglamento, para su eventual
aprobación en los primeros días de noviembre.
*Servicio de Noticias*
*OFICINA DE COMUNICACIONES*
*CONGRESO DE LA REPÚBLICA*
No hay comentarios:
Publicar un comentario